A mediados de los ochentas, se publicó el primer best seller de Hernando De Soto, “El Otro Sendero”. Este libro tuvo como uno de sus principales méritos demostrar que el principal enemigo de la inversión privada en el Perú era nuestro propio sistema legal, que obligaba a quienes apostaban por hacer empresa a superar múltiples vallas legales y administrativas, impuestas por el propio Estado.Dos década después, en nuestro país se sigue presentando el mismo panorama advertido en 1986 por De Soto. Según la última edición del Doing Business in 2005: “Eliminando obstaculos para el crecimiento”, reporte anual del Banco Mundial sobre el ambiente para hacer negocios en el mundo, en el Perú se necesitan aproximadamente 98 días de tediosos y lentos trámites para constituir una empresa, así como seguirse diez procedimientos administrativos distintos para formalizar un negocio, todo esto a un costo total promedio de US$ 793. Igualmente, según el ranking de competitividad preparado por el World Economic Forum (WEF) el Perú ha descendido en el 2005 a la posición 68 de la lista de los países más competitivos.
Estas cifras evidencian que, pese al tiempo transcurrido, la lección no ha sido aprendida por los peruanos; a diferencia de otras latitudes, en donde sí se han advertido los enormes beneficios que genera un sistema legal que facilite la creación y formalización de actividades empresariales. Por ejemplo, el año pasado, Turquía redujo significativamente el tiempo y costo de constituir una empresa, obteniendo como resultado que el registro de nuevos negocios se incrementó en 18%.
Mientras eso ocurre en otros países, las cifras del Banco Mundial antes citadas revelan que en el Perú aún no tenemos un marco legal que propicie la constitución de empresas y la inversión. Esta es una de las razones que explican que el 60% de nuestra economía sea informal, lo que determina la desprotección de miles de trabajadores y lo angosto que sigue siendo nuestra base tributaria.
Por si esto fuera poco, las cifras del Banco Mundial presentan otro escenario preocupante. Colombia, nuestro vecino que negocia conjuntamente con nosotros la suscripción de un TLC con los EE.UU., ha sido el país latinoamericano que más ha avanzado en mejorar el ambiente legal para las inversiones. Entre el 2003 y el 2004, el registro de nuevas empresas en el país vecino se incrementó en 16%, gracias a la simplificación de los trámites para abrir negocios a través de medidas tan elementales y sencillas como el establecimiento de un centro de atención único para el registro de empresas. Esto ha ahorrado 17 días de papeleo a los que deciden invertir en tierras colombianas y ha creado 350 mil puestos de trabajo.
Sin duda, Colombia está haciendo su tarea interna para aprovechar de mejor manera el TLC con Estados Unidos cuando logre suscribirlo. Mientras tanto, en el Perú, aún no nos ponemos de acuerdo si es que conviene o no suscribir dicho acuerdo comercial y entre marchas y protestas, seguimos preocupándonos en cualquier cosa menos en pensar cuál debe ser el marco legal más adecuado para afrontar los próximos años en los que nuestro mercado se verá expuesto a un mayor ingreso de productos extranjeros que provienen, en la mayoría de casos, de países que imponen a sus productores menores costos administrativos y legales que los nuestros.
¿Acaso los abogados estamos debatiendo actualmente sobre cuál debe ser nuestra regulación sobre simplificación administrativa, tipos societarios o empresariales más flexibles, tratamiento tributario para las nuevas inversiones, propiedad intelectual, reconocimiento de patentes, marcas notorias? Los abogados permanecemos ajenos a estas discusiones, reservadas equivocadamente solo a políticos y economistas. Si esto sigue así y suscribimos un TLC sin antes habernos preguntado siquiera si nuestra legislación está preparada para estos nuevos tiempos de competitividad, solo nos quedará esperar un nuevo best seller de Hernando de Soto, quien de seguro tendrá mucho material para comentar.
